Que la naturaleza siempre me sorprenda!!!

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lunes, 22 de octubre de 2012

Los puntos oscuros de la nueva ley de semillas en Argentina



                                                          

                                                                         Argentina, 14 de octubre de 2012


A la Sra. Presidente de la Nación: Cristina Fernández de Kirchner
Al sr. Ministro de Agricultura: Norberto Yauhar
Al Sr. Vice Ministro de Agricultura: Lorenzo Basso
Al sr Subsecretario de Agricultura Familiar: Emilio Pérsico
A los Sres. Gobernadores/as
A los Señores Senadores/as y Diputados/as de la Nación
Al Director del Instituto Nacional de Semillas: Carlos Ripoll
Al Director del Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuaria (INTA). C. Casamiquela
Al Director Nacional del IPAF


                                                                          
Desde las Instituciones que formamos el Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y del Caribe- MAELA – y de la Red de Acción en plaguicidas y sus Alternativas de América Latina manifestamos nuestro rechazo del ante proyecto de ley de semillas y creaciones filogenéticas que será presentado ante el parlamento nacional. A su vez manifestamos la necesidad  de analizar, discutir y presentar un proyecto que de manera participativa satisfaga las necesidades de los productores/as. Motiva nuestro deseo los siguientes elementos:

1-Las definiciones que tratan de describir el tipo social productor – Artículo 1, inciso J-  son reduccionistas y se atienden a variables que no se  condicen con los cambios contextuales que han llevado a los productores familiares a trabajar fuera de su predio. Esto es grave porque de esa definición luego se deriva quienes serán sujetos de derecho para conservar sus propias semillas.

2-Acerca de la creación de la comisión nacional de semillas – Cap. II Art 4 -, creemos muy reducido el número de miembros que formarán parte de la comisión representando a los productores.  Tal número no se condice con la heterogeneidad de tipos de productores, ni con la dispersión geográfica y ambiental tanto como la diversidad cultural   en la cual se desarrollan actividades productivas vinculadas a las semillas.  

 
3-En referencia a las características que deberá poseer la semilla objeto de canje  – Cap. III, Art 9- consideramos como muy restrictivas dichas variables para las semillas intercambiados por y entre los productores, tornando una actividad lícita y ancestral en una actividad ilícita.   Por su parte en el artículo 14 al obligar a la persona que  transfiera semillas a inscribirse en el Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas limitará la participación de productores/as en las ferias de semillas que se realizan en todas las regiones del país. Desde las cuales se promueven valores y costumbres que enriquecen noblemente nuestra cultura. En las tres ferias nacionales de semillas realizadas hasta el presente han participado cerca de 6000 productores/as. Solamente en la primer feria realizada en la Provincia de Bs. As. se registró el intercambio de  cerca de 1724 muestras de semillas y partes reproductivas.

4-El sistema de Protección de Variedades Vegetales previsto en la ley constituye la única forma de protección de la propiedad intelectual para las variedades vegetales en la República Argentina, pero nada se dice de la protección de las semillas y los saberes y prácticas a ellas asociados.

 
5-Al establecerse que el  INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) podrá determinar los requisitos y condiciones especiales para la producción, multiplicación y uso de semilla del agricultor se vulneran derechos adquiridos por los productores de conservar, intercambiar y conservar sus propias semillas.

6-Al posibilitarse que -según consta en el Capítulo VII , artículo 47 - “funcionarios del INASE en cumplimiento de esta ley podrán, en cualquier momento y lugar, inspeccionar predios donde se encuentren semillas depositadas o sembradas con cualquier destino, detener vehículos en que se transporten semillas, extraer todo tipo de muestras de semillas e incluso de  materiales sembrados  en cualquier estado en que se encuentren o de los materiales producto de su cosecha, efectuar todo tipo de análisis  con los mismos, intervenir e inmovilizar cualquier partida de semilla en presunta infracción” se podrá interrumpir el normal flujo e intercambio de semillas entre productores cuando una empresa sospecha o presuma que ha sido afectada en sus interés ocasionando problemas productivos y/o comerciales a los productores.

Desde el MAELA y RAPAL a su vez exigimos:

1-La apertura de una amplia discusión entre todos los actores vinculados a la producción agraria y que se vinculen con la producción, uso, intercambio y conservación de las semillas.

2-Dejar de lado todo principio, norma o ley que vulnera los principios de los productores.

3-Que todos los productores puedan conservar, intercambiar y sembrar las semillas que desee y establezcan sin ser presionados por las empresas, ni las instituciones del estado.

4-Se continúe y favorezca el intercambio de semillas entre productores atendiendo a los criterios de identidad y calidad   que se puedan fijar en un amplio marco de discusión.

5-La moratoria en la liberación de nuevos cultivos transgénicos.
 
6-Se constituya una comisión nacional de semillas amplia y diversa atendiendo a la necesidad de que todos los actores se hallen representados, incluyendo dimensiones que hacen a la diversidad cultural, económica y geográfica.
 

Hacemos un llamado a todas las instituciones y organizaciones de productores y de la sociedad civil a rechazar un anteproyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los ciudadanos de nuestro país. 



La producción agraria tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población, además de conservar los bienes comunes naturales.

Poner en riesgo la soberanía alimentaria de los habitantes de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrario, significa avanzar por el camino de la pérdida de los derechos de nuestro pueblo

Desde el inicio del peregrinar de los seres humanos en la tierra, las semillas han alimentado a la humanidad. Productores/as de todo el mundo han atesorado, enriquecido, conservado, intercambiado y cultivado las semillas, nadie, ni nada debería privar el acceso a este derecho. Las semillas son patrimonio de la humanidad

Esperamos con profunda y convincente esperanza, que nuestros deseos y solicitudes puedan hacer eco en tan importante proyecto de Ley.
Saludamos con los mejores deseos hacia ustedes y quedando a plena disposición de poder debatir con absoluto respeto las cuestiones que nos aquejan.

Atentamente
Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y del Caribe
Red de Acción en plaguicidas y sus Alternativas de América Latina

Los avances del compost


Hola Huerteros!

Así quedó la compostera terminada el sábado 20/10 por la mañana:







El día domingo 21/10 a las 15 hs, esta era su temperatura:



Por si no lo ven bien: el termómetro de compost, marca: 67º C !!!!!!!!!!!!

Hicimos varias tomas, en los ángulos superiores, en el centro, desde los laterales del corralito, y la temperatura más baja que marcó fue de 62 º C.

Hoy le colocamos un techo, para que la enorme cantidad de lluvia que está cayendo, no le baje la temperatura. Sale un humito constante y permanente, y hay un calor increible en sus cercanías. Otro cambio fue la disminución del volúmen original.



Le realicé la prueba de humedad al material, y goteó, o sea que la humedad es cercana al 40 %.



En las próximas subidas, iré mostrando los avances.

Muchas gracias a todos por el trabajo realizado, esta compostera es un lujo!!

 



viernes, 19 de octubre de 2012

Compostaje caliente

Arrancamos con el compost!!!





La soja desaloja


Un intento para frenar los ataques


 Por Sebastián Premici

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) realizará hoy una conferencia de prensa junto a un grupo de legisladores del Frente para la Victoria (FpV), donde hablarán de los alcances de un proyecto de ley que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales. Como principal objetivo, la normativa busca frenar por cinco años los desalojos de campesinos que se ven afectados por el corrimiento de la frontera agrícola a partir de los agronegocios. El texto fue elaborado por el conjunto de las organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri, pero acaba de cobrar un nuevo impulso político tras el asesinato de Miguel Galván, en Santiago del Estero. La conferencia de prensa también estará encabezada por Emilio Pérsico, subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación.

La iniciativa propone suspender por cinco años los desalojos en todo el país. En ese tiempo, el Estado nacional deberá realizar un relevamiento de tierras para conocer la situación jurídica de todos los campos del país como así también la cantidad de familias afectadas. Como experiencia previa, el Gobierno ya realizó un relevamiento sobre la titularidad de las tierras extranjeras en el país. “La ley sirve como una herramienta legal para que las provincias puedan administrar los conflictos que tienen”, indicó a Página/12 Leonardo Grosso (FpV), del Movimiento Evita, la misma fuerza política a la que pertenece Pérsico.

“Se propicia esta ley de emergencia como remedio a los innumerables conflictos por la tenencia de las tierras rurales que son causa de una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas familias campesinas en tanto son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, puede leerse en los fundamentos del proyecto.

Con el auge de los agronegocios, muchos campesinos sufrieron desalojos de sus tierras, más allá de estar amparados por la ley veinteañal, que indica que si una persona o familia habita por más de veinte años un campo para su subsistencia, tiene derecho de posesión sobre el mismo. “Una ley que suspenda los desalojos confiere también la expresión ‘la tierra para quien la trabaja’ y una protección de los derechos sociales, como el derecho al trabajo”, sostiene la iniciativa bajo análisis.

En la conferencia de prensa de hoy participarán Pérsico, Grosso y Mirta Ferreyra (madre del campesino asesinado Cristian Ferreyra), También estarán los diputados Edgardo Depetri, Juliana Di Tullio, Juan Carlos Junio, Carlos Raimundi, Remo Carlotto y Horacio Pietragalla, entre otros. El asesinato de Galván puso nuevamente en debate una metodología que se repite en distintas partes del país: la connivencia de grupos empresarios con las autoridades locales.
“El eje que seguimos en torno de la alta conflictividad que existe sobre la tenencia de las tierras comunitarias está vertebrado por la relación entre legalidad y legitimidad, que se relaciona con la coexistencia de dos modelos de desarrollo antagónicos: los agronegocios y el modelo de producción campesina”, explica la iniciativa.

Grosso indicó a este diario que el impulso a este proyecto se basa en “la necesidad de construir una salida política (al conflicto de tierras) con una mayor participación del Estado nacional”.
spremici@pagina12.com.ar

Fuente:http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-205692-2012-10-16.html

martes, 16 de octubre de 2012

Sembrando y plantando en la huerta


Se vienen los tomates!!!

Este sábado pasado estuvimos plantando con los alumnos del curso: plantines de tomate redondo platense, lechuga morada, albahaca y cebolla de verdeo y sembrando de semilla zanahoria, rúcula, rabanitos y perejil.

Armamos el camellón asociando las especies.





Y les cuento que ya nació la rúcula!!!

lunes, 15 de octubre de 2012

Que hay detrás de la modificación de la ley de semillas


Por Tamara Perelmuter. La semana pasada el ministro de agricultura anunció que es inminente la modificación de la Ley de semillas argentina. Esto plantea muchos interrogantes respecto de que pasará con los pequeños productores en este nuevo escenario.


No hay duda que la biotecnología moderna y su inserción en el agro a través de las semillas transgénicas, incentivó la reformulación del sistema de propiedad intelectual en innovaciones vegetales. El asunto fue incluido en las negociaciones comerciales internacionales y regionales a impulso de las empresas con intereses en ese sector (con Monsanto a la cabeza, claro está) que persiguen una profundización de la protección que les garanticen mayor control y seguridad de retorno de sus inversiones.
En el caso específico de las semillas, hay dos formas de reconocer su propiedad intelectual: los derechos de obtentor (DOV) y las patentes de invención. Originalmente, las diferencias entre éstas eran marcadas y no podían dejar de obviarse al momento de la elección entre una u otra.


Los primeros, refieren al derecho que se le otorga a los agrónomos que produjeran variedades mejoradas de semillas agrícolas para explotar en exclusividad el material de reproducción de la variedad, pero no alcanza al producto obtenido. Las patentes, en tanto, son un derecho exclusivo otorgado por el Estado a una invención, es decir, a un producto o procedimiento que aporta una nueva manera de hacer algo. En el caso específico de las semillas, la protección involucra al producto y las sucesivas generaciones del vegetal, extendiéndose la protección de la planta entera en las semillas patentadas. Esto a su vez, impide la utilización de la semilla en la nueva siembra por el agricultor sin el correspondiente pago de regalías. Vale aclarar que sólo pueden ser objeto de protección las invenciones, no así los descubrimientos.

Hasta los años sesenta, los materiales vegetales utilizados para el mejoramiento genético eran de libre acceso. Este principio comenzó a resquebrajarse cuando la regulación en torno a la protección de derechos de obtentor, a nivel internacional, se institucionalizó con el nacimiento de la UPOV (Unión para la Protección de variedades Vegetales) en 1961. La versión del año 1978 del convenio contempla implícitamente el derecho de los agricultores, que implica que, a excepción de su venta comercial, conservan el derecho a producir libremente sus semillas pudiendo utilizar el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo en su propia finca.

Hasta los años ochenta las patentes sobre organismos vivos no estaban permitidas. Sin embargo, el fallo Diamond-Chakrabarty de la Corte Suprema de Estados Unidos admitió una patente sobre una bacteria modificada capaz de separar los componentes de petróleo crudo y constituyó una bisagra al delimitar lo que es patentable y lo que no. La decisión radicó en considerar a la bacteria en cuestión como una manufactura ya que su existencia se debía a una manipulación genética, en decir, a una invención del hombre. De esta manera, se abrió un nuevo e inmenso campo para la propiedad intelectual desconocido anteriormente: la propiedad intelectual sobre formas de vida.
El alcance global de estas leyes es lo que les da a las empresas transnacionales un control económico extraordinario en los mercados, permitiendo recaudar derechos de uso de las nuevas tecnologías, a la vez que les permite imponer las condiciones para su acceso. Este es el motivo primordial por el cual se viene presionando para lograr una armonización internacional de la legislación de propiedad intelectual.
Por un lado, el acta de UPOV se reformuló en 1991 restringiendo los derechos de los agricultores sobre el uso propio de las semillas. Por otro lado, uno de los principales acuerdos introducidos en 1995, en el marco de la OMC, fue sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual que afectan al Comercio (ADPIC). Se trata del tratado multilateral más importante sobre la materia ya que es el único que cubre todo el espectro de protección de los derechos de propiedad intelectual, establece una efectiva disciplina respecto de estos derechos y medios coactivos para su aplicación. En relación a las patentes, el acuerdo representa una clara profundización en los intentos de apropiación, ya que por un lado, aumenta la protección mínima de 15 a 20 años, y por el otro, amplía el alcance de lo que se considera patentable.


¿Que pasa en Argentina?

En nuestro país, los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales se ejercen sobre todo mediante los derechos de obtentor que fueron reforzados en 1991 con el decreto 2183/91 que reglamentó modificaciones en la “Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas”. Al mismo tiempo, Argentina desde 1994 es signataria de UPOV 78. La legislación nacional reconoce que no lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar quien reserva y siembra semilla para su propio uso. Sin embargo, la industria semillera viene cuestionando desde larga data la libre utilización de semillas por parte de los agricultores, una práctica a la que acusan de ser la responsable del incremento de la conocida bolsa blanca  y que no está regulada.
Por ello, las empresas pretenden que Argentina modifiquela Leyde Semillas, para así adaptarse al nuevo marco internacional. Para esto, se vinieron promoviendo una serie de iniciativas gubernamentales en 2002, 2003 y 2007 pero que no habían prosperado.

Este 2012, quizás sea el año se consumación de este anhelo: el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, dijo en un comunicado que el país ha decidido avanzar con un proyecto de ley de semillas, “como corresponde en un país que aspira a ser líder en la producción de alimentos, y que busca proteger la propiedad intelectual en el proceso de desarrollo”.

Esta situación deja abiertas al menos tres discusiones. Por un lado, respecto a la implicancia del pago de regalías en tanto significa un aumento del precio de las semillas con fuertes implicancias para los pequeños productores y los consumidores. Por otro lado, acerca de que pasará con los derechos de los productores agrarios a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas. Finalmente, en relación a  los dilemas que involucra el hecho de tratar al material vivo de la naturaleza como propiedad privada plausible de ser patentada y, por ende, tener dueño.

Fuente: http://www.marcha.org.ar/1/index.php/nacionales/94-ambiental/2009-que-hay-detras-de-la-nueva-ley-de-semillas

Ley de semillas en Argentina



Sobre la modificación de la Ley de Semillas

Desde hace unas semanas a través de notas periodísticas, entrevistas radiales y comunicados en correos electrónicos se viene anticipando la modificación de la Ley de Semillas. La movilización entorno a este tema parece encontrar la causa en la instalación de Monsanto en la provincia de Córdoba, y en la llamativa facilidad con que esta multinacional pretende desembarcar en territorio argentino y no tanto en el análisis del proyecto.







Escrito por Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Universidad Nacional del Comahue)

Hoy es virtualmente imposible acceder al proyecto de modificación de la Ley cuya incumbencia es importantísima para la actividad económica que mayores réditos ofrece al país, algo extraño si la perspicacia sostuviera nuestra posición, por lo que no podemos avanzar en su análisis. De todos modos resulta interesante poder realizar un primer acercamiento a la Ley a reformar. Advertiremos en sus artículos que se encuentra lejos de considerar a la semilla como continuidad de la vida y la garantía de la soberanía alimentaria como de reconocer a los pequeños productores, campesinos y comunidades originarias como sus guardianes ancestrales, siendo en cambio su obstinado objetivo el de aumentar la producción a gran escala y proteger la propiedad privada de la semilla. En definitiva la Ley legitimó las condiciones que posibilitaron el imperio del monocultivo, las modificaciones genéticas y la dependencia de los paquetes tecnológicos desbordados de productos químicos de síntesis.

La Ley de Semillas vigente

La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247 fue sancionada el 30 de marzo de 1973, durante el gobierno de facto de Ernesto J. Lanusse. El objetivo hace referencia directamente a promover la producción y comercialización de la semilla. De esta manera reconoce a la semilla como un bien económico con un valor determinado por el mercado despojándola de todo sentido natural, cultural e identitario.
Si bien anuncia asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente defiende la propiedad de las creaciones fitogenéticas, es decir la aplicación del conocimiento científico para mejorar genéticamente el cultivo.

Para el cumplimiento de la Ley se establecen órganos de aplicación dependientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería:

-Comisión Nacional de Semillas
-Registro Nacional del Comercio y fiscalización de las Semillas
-Registro Nacional de Cultivares
-Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares

En cuanto a la formación de la Comisión Nacional de Semillas se establece que será integrada por diez miembros de los cuales cinco de ellos representarán al Estado y el resto será representante de la actividad privada confirmándose el sentido comercial del asunto.
En relación a la Semilla se determinan dos clasificaciones: Identificadas y Fiscalizadas. La primera de ellas debe poseer, además de los datos personales del “comerciante expendedor”, un exhaustivo detalle de las características de la semilla que requiere de conocimiento técnico y científico. La clasificación de Fiscalizada refiere a poseer los requisitos de las semillas Identificadas y además que demuestre un buen comportamiento en ensayos oficiales y que “este sometida a control oficial durante las etapas de su ciclo de producción”.

El “Registro Nacional del Comercio y Fiscalización de Semillas” en el cual deberá quedar registrada toda aquella persona que importe, exporte, produzca semilla Fiscalizada, procese, analice, identifique o venda semillas, tiene una clara lógica meramente mercantilista que no identifica al trueque o intercambio como alternativa entre las posibilidades de cambio.

Otra forma de quedar apuntado es en el Registro Nacional de Cultivares donde es inscripto todo aquel cultivar que es identificado por primera vez siempre y cuando se lleve adelante únicamente a través de un ingeniero agrónomo con título nacional o revalidado.
También se desarrolla sobre la propiedad de los cultivares con el objetivo de proteger la propiedad de los descubridores o modificadores de cultivares, considerando que aquellas personas que “descubran” una nueva especie pasan a ser dueñas de ella. Eso si, el título de propiedad del cultivar se otorgará por un período no menor a diez años y no podrá superar los veinte años.

En este mismo sentido y en otro artículo (N° 26) se explica que el título de propiedad que se solicite para un cultivar extranjero, deberá serlo por su creador o representante legalmente autorizado con domicilio en la Argentina. Quizá ahora se entiende porqué Monsanto se radica este año en la provincia de Córdoba.

Por demás llamativo el capítulo que hace referencia a las sanciones. Será multado y su mercadería decomisada aquellas personas que expusiere o entregare a cualquier título semilla no identificada en la forma establecida por la Ley de Semillas. También serán procesados quienes difundieren como semilla cultivares no inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares. Se entiende entonces que todas las variedades de semillas y cultivares del territorio argentino han sido registradas al momento de promulgación de la Ley.

Que paradójico saber que desde hace unos años se promueven y organizan “Ferias de Semillas” a lo largo y ancho del país impulsadas principalmente por instituciones estatales. A juzgar por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247 se trataría de actos “ilegales” ya que se generan intercambios de semillas y plantines sin estar registradas ni identificadas en Registro Nacional del Comercio y fiscalización de las Semillas.

La propuesta de modificación


Es entonces fundamental reconocer la importancia del cuidado, protección y desarrollo de los cultivos por parte de las comunidades locales previo a las variedades comerciales y de laboratorios. La mercantilización de la semilla ha sido una de las principales causas de desaparición de especies vegetales. Según datos de la FAO, desde el comienzo de la agricultura se manejaban cerca de 10.000 especies vegetales en la obtención de alimentos y forrajes. En la actualidad se alcanzan a los 150 los cultivos que alimentan a la mayor cantidad de población mundial. “Sólo 12 cultivos proporcionan el 80% de la energía que consumimos, siendo el trigo, arroz, maíz, y la papa responsables del 60% de ese total”. (CIRGAA– FAO, 2004).

Sin duda existe un preocupante desajuste entre la normativa y la realidad, un espacio que de no ser ocupado por un Estado que realmente responda a su pueblo es una presa fácil para el agronegocio. Indudablemente apremia su modificación. Una modificación que tenga en cuenta la participación de las organizaciones sociales, comunidades originarias, campesinas y campesinos, entre otros actores políticos que aún resisten en los vapuleados rincones del interior del país. Sería superador poder instalar el tema de la importancia de las variedades locales de semillas y su valor como patrimonio de la humanidad y rechazar los derechos de propiedad intelectual sobre las especies que llevan hacia la privatización de la naturaleza y la destrucción de la biodiversidad.

Sin embargo, según documentos que hacen referencia al proyecto de modificación, las reformas a esta Ley no parecen ir en esa dirección. La ley vigente se ejerce sobre el Derecho de Obtentor (es el que crea y desarrolla una variedad vegetal), siendo ésta una forma de reconocer el derecho de propiedad intelectual. La otra forma, recae sobre la patente de invención. Ésta última no esta regulada en la legislación nacional todavía y es lo que permite guardar y sembrar semillas para su propio uso. Este vacío legal es lo que las empresas transnacionales reclaman que se regule, pudiendo ellos cobrar regalías al utilizar las semillas en una nueva siembra. Tanto la ley vigente como la nueva ley que parece avecinar y que avanzaría sobre todas las formas de propiedad intelectual, implica nada menos que la “propiedad intelectual sobre formas de vida” (Peremulter Tamara, “Que hay detrás de la nueva ley de semillas”).


Necesitamos que la modificación de la Ley proponga otra cosa, una indiscutible intervención del Estado que sostenga a las comunidades originarias y campesinas como así también a la ciudadanía toda en pos de proteger y alentar el libre intercambio de semillas e imposibilitando la concentración y los derechos de la propiedad de las semillas y el desarrollo del monocultivo en manos de multinacionales, entendiendo que las semillas son la continuidad de la vida y garantía de la soberanía alimentaria. Invitamos a revisar otras leyes como es la Ley de Semillas de Bolivia que considera la función social que cumple la semilla en pos del bienestar familiar y comunitario e integra la distribución y donación de las semillas como parte del proceso productivo.



Lo que ocurre en las ferias de intercambio de semillas y saberes son cuestiones simples pero trascendentales, despojadas de corsés legales pero profundamente instituyentes: se intercambia sin precio pero con valor, reconociendo su origen, características generales y sin olvidar de precisar cuál es la mejor luna para sembrar.


La quinua es un alimento rico ya que posee los 8 aminoácidos esenciales para el humano, lo cual hace que la quinua sea un alimento muy completo y de fácil digestión.
--
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria - UNComa

jueves, 4 de octubre de 2012

Los tomates larga vida

Me encantó este gracioso video, que explica de  manera sencilla la diferencia entre un tomate transgénico como son los larga vida, y el tomate que en España se llama campesino, y que para nosotros sería el riquísimo tomate chato platense!